Las mujeres con discapacidad enfrentan una doble discriminación en la política debido a la intersección de género y discapacidad. Los sistemas políticos y electorales tienden a favorecer a los cuerpos considerados “normales”, creando una democracia que privilegia a quienes cumplen con ciertos estándares físicos. Este sistema jerarquiza los cuerpos y valora a las personas en función de sus capacidades, lo que crea barreras para el ejercicio pleno de los derechos políticos de las personas con discapacidad. Además, se critica la lógica médica y capacitista que perpetúa prejuicios y deteriora la dignidad humana de estas personas.
