En una democracia auténtica, el problema central no es simplemente permitir votar, sino garantizar que el voto emitido llegue incólume al resultado declarado.
El escrutinio cumple justamente esa función: no es una formalidad posterior a la jornada electoral, ni una operación mecánica de suma, sino el procedimiento mediante el cual el Estado verifica si la voluntad popular fue correctamente recogida, documentada y traducida en decisión jurídica.
Esta idea encuentra sustento normativo en el artículo 1 del Decreto 2241 de 1986 (Código Electoral), que orienta la interpretación del proceso electoral bajo la exigencia de correspondencia entre sufragio y resultado. En ese sentido, la defensa del voto no se agota en la jurisdicción contencioso-electoral, sino que se activa desde el propio escrutinio, a través de las causales que permiten corregir, excluir o verificar los resultados.
