Las democracias latinoamericanas han registrado avances importantes en las últimas cuatro décadas: los procesos electorales son más competitivos, la alternancia en el poder se ha institucionalizado y se ha ampliado el reconocimiento formal de los derechos políticos y civiles. Sin embargo, estas mejoras conviven con limitaciones profundas en la calidad democrática, derivadas principalmente de la exclusión estructural de grupos históricamente marginados: mujeres, personas con discapacidad, pueblos indígenas, afrodescendientes y población LGBTIQ+.
Esta exclusión no solo afecta la representación descriptiva (la presencia cuantitativa en cargos públicos), sino también la representación sustantiva, entendida como la capacidad real de incidir en decisiones políticas y en la distribución del poder. Cuando ciertos grupos están presentes en instituciones, pero carecen de influencia efectiva, la democracia se vacía de contenido y se convierte en un mecanismo formal que reproduce desigualdades.
De acuerdo con ONU Mujeres (2025), los hombres continúan ocupando más del triple de los puestos ejecutivos y legislativos a nivel mundial, y América Latina no escapa a esta tendencia. A ello se suman barreras institucionales, económicas, culturales y simbólicas que limitan la participación plena de las personas con discapacidad y de la población LGBTIQ+, configurando un sistema político que perpetúa jerarquías sociales incluso dentro de marcos democráticos.
